28/07/2015
Fuente: CINCO DÍAS, Vida Jurídica
El primero de enero de 2016, y por fuerza de ley -como reitera el ministro de Justicia- la justicia española entrará de lleno en el mundo en la comunicación digital, tal y como se recoge en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados se prevé para los primeros días de septiembre. Todo ello en el complicado marco del cumplimiento de plazos y de viabilidad en este contexto de austeridad presupuestaria.
El Ministerio de Justicia ha avanzado medidas, como la constitución el pasado 13 de mayo, de la comisión "Justicia Digital: papel cero", en la que participa entre otros, el Consejo General de Procuradores de España y las comunidades autónomas representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica). También, el departamento que dirige Catalá ha elaborado un proyecto de real decreto de comunicaciones telemáticas, que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las comunidades autónomas y que será aprobado a finales de septiembre.
El proceso de inmersión digital de la justicia se complementa con otras medidas, como por ejemplo el sistema Lexnet, plataforma en cuyo desarrollo y promoción ha sido especialmente relevante hasta la fecha, el papel de los procuradores. Su desarrollo en el ámbito penal empezará a funcionar a partir del último trimestre del año. Esta aplicación ha superado ya los 100 millones de comunicaciones y cuenta con más de 45.000 usuarios, según fuentes del Ministerio de Justicia, contando ya, además de los procuradores, con la abogacía y los graduados sociales.
En cuanto a las opiniones de los operadores jurídicos, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, afirma que al colectivo de procuradores no le da "ningún miedo" ni las tecnologías ni los plazos, ya que es un objetivo del que está "convencido" y cree que la presentación telemática de demandas o escritos estará el 1 de enero "al 90%". Aún así reconoce que la relación entre los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas con competencias "puede hacer algunas cosas más complejas", pero lo importante es "implantar las tecnologías de una vez por todas en la justicia".
La relación de los ciudadanos con este servicio público y el próximo avance tecnológico de la justicia, tendrá sus efectos. Entre las novedades estarán la Sede judicial electrónica (acceso de los ciudadanos a sus expedientes judiciales, debe estar en funcionamiento antes de 6 meses en el territorio con competencias estatales); Justicia móvil (uso de SMS como sistema de aviso de la celebración o suspensión de un juicio, para finales de año); Inscripción de nacimientos y defunciones (que se realizarán desde los mismos hospitales a partir de octubre) o, Requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que se realizarán mediante correo electrónico antes de acabar el año), entre otras.
El Ministerio de Justicia ha avanzado medidas, como la constitución el pasado 13 de mayo, de la comisión "Justicia Digital: papel cero", en la que participa entre otros, el Consejo General de Procuradores de España y las comunidades autónomas representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica). También, el departamento que dirige Catalá ha elaborado un proyecto de real decreto de comunicaciones telemáticas, que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las comunidades autónomas y que será aprobado a finales de septiembre.
El proceso de inmersión digital de la justicia se complementa con otras medidas, como por ejemplo el sistema Lexnet, plataforma en cuyo desarrollo y promoción ha sido especialmente relevante hasta la fecha, el papel de los procuradores. Su desarrollo en el ámbito penal empezará a funcionar a partir del último trimestre del año. Esta aplicación ha superado ya los 100 millones de comunicaciones y cuenta con más de 45.000 usuarios, según fuentes del Ministerio de Justicia, contando ya, además de los procuradores, con la abogacía y los graduados sociales.
En cuanto a las opiniones de los operadores jurídicos, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, afirma que al colectivo de procuradores no le da "ningún miedo" ni las tecnologías ni los plazos, ya que es un objetivo del que está "convencido" y cree que la presentación telemática de demandas o escritos estará el 1 de enero "al 90%". Aún así reconoce que la relación entre los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas con competencias "puede hacer algunas cosas más complejas", pero lo importante es "implantar las tecnologías de una vez por todas en la justicia".
La relación de los ciudadanos con este servicio público y el próximo avance tecnológico de la justicia, tendrá sus efectos. Entre las novedades estarán la Sede judicial electrónica (acceso de los ciudadanos a sus expedientes judiciales, debe estar en funcionamiento antes de 6 meses en el territorio con competencias estatales); Justicia móvil (uso de SMS como sistema de aviso de la celebración o suspensión de un juicio, para finales de año); Inscripción de nacimientos y defunciones (que se realizarán desde los mismos hospitales a partir de octubre) o, Requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que se realizarán mediante correo electrónico antes de acabar el año), entre otras.
