Tanto el equipo de Cristina Cifuentes como Ciudadanos, PSOE y Podemos recelan del proyecto cuyo encargo ha sido ya comunicado verbalmente a la UTE formada por OHL-Acciona.
El revuelo político se reactivó ante los rumores de que el último Consejo de Gobierno de González podría haber firmado la adjudicación.
Según el contrato, la Comunidad deberá pagar un canon anual de 37,2 millones durante los próximos 26 años por la construcción y mantenimiento del macrocomplejo (200.000 metros cuadrados). Un espacio que aglutinará 356 juzgados y tribunales y el Instituto de Medicina Legal, ya construido. Por sus instalaciones, se calcula que pasarán una media de 25.000 personas al día.
Su futuro está ahora en manos del equipo que presidirá Cifuentes.