El motivo alega que pese a haberse suprimido las tasas para las personas físicas, se mantiene el tributo para las personas jurídicas, lo que supone que se siguen vulnerando los derechos de las pequeñas y medianas empresas que se ven en la obligación de pagar "importes desorbitados" por plantear sus recursos judiciales, privándoles de la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para defender sus derechos e intereses.


