Además, esta sentencia coincide con la decisión del Gobierno de no incluir en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil la reforma del recuso de casación civil que sí incluía el anteproyecto presentado por el ministro Gallardón, que establecía un cupo de recursos cada año para presentar ante el Supremo.
Solamente en la Sala de lo Civil del Alto Tribunal se presentan cada año unos 4.000 recurso de casación, de los cuales aproximadamente el 70% son inadmitidos por esta corte.
La sentencia desestima el recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya por "graves defectos del recurso de casación" y apunta entre otras cosas que éste "especifica de modo genérico los requisitos de inadmisibilidad" y afirma que "el recurso de casación no tolera el acarreo de argumentos heterogéneos -como en este caso-, en que no solo el escrito no se ha estructurado en torno a diversos motivos que denuncien las infracciones legales, sino que se mezclan argumentos de diversa naturaleza".