El objeto de la visita fue, fundamentalmente, el intercambiar criterios y opiniones sobre la marcha de nuestra Administración de Justicia y la visión que de la misma tienen los ciudadanos, así como de sus principales quejas respecto a la corrección y eficacia de su funcionamiento.
Del mismo modo, los máximos responsables de la Procura plantearon a la Defensora del Pueblo, su opinión particular respecto a los proyectos de reforma iniciados por el Gobierno, particularmente la aprobación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Sobre este particular y en lo que respecta a los procuradores, éstos plantearon a Soledad Becerril los graves perjuicios que la compatibilidad con el ejercicio de la Abogacía y la supresión del Arancel, supondrían para la Justicia española, muy en particular para los ciudadanos, dado el significativo ahorro de tiempo y dinero que para sus procesos judiciales representa la presencia específica del Procurador, así como el ahorro que ya está implicando para el erario público y, sobre todo, para alcanzar avances significativos en el proceso de modernización de la Justicia que demanda la sociedad .
Es de destacar la buena acogida de la Defensora del Pueblo a las razones de los procuradores para evitar esos aspectos de la reforma y, como no podía ser de otra forma, los responsables de la Procura, ofrecieron su absoluta disponibilidad de colaboración con esta importante institución en la defensa de los intereses de los ciudadanos, cuestión que comparten, aunque en el caso de los procuradores sólo sea en el ámbito judicial.