06/04/2013
Según datos procedentes de los informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, a 31 de diciembre del pasado año, más de 2 millones y medio de sentencias están pendientes de ejecución, lo que no hace más que reflejar la urgente necesidad de reformar este medular ámbito de la Administración de Justicia, en la media que afecta sustantivamente a la eficiencia y agilización que la sociedad espera de la misma y repercute muy negativamente en su imagen global.
Los procuradores llevamos tiempo ofreciéndonos como solución a este trascendental problema, arbitrando para ello la fórmula de un modelo de ejecución delegada, sobradamente contrastado en los países de nuestro entorno en la figura del huissier de justicia, para la cual nos reconocemos sobradamente cualificados a tenor de nuestra especialización procesal y experiencia en la gestión del procedimiento que, con esta delegación, alcanzaría todo su desarrollo, desde la interposición de la demanda, hasta la culminación ejecutiva de la sentencia.
Con esta propuesta, la agilización de esta fase del procedimiento, la ejecución de la sentencia, resultaría muy significativa, al tiempo que representaría un importante ahorro económico para la Administración de Justicia.
Los procuradores llevamos tiempo ofreciéndonos como solución a este trascendental problema, arbitrando para ello la fórmula de un modelo de ejecución delegada, sobradamente contrastado en los países de nuestro entorno en la figura del huissier de justicia, para la cual nos reconocemos sobradamente cualificados a tenor de nuestra especialización procesal y experiencia en la gestión del procedimiento que, con esta delegación, alcanzaría todo su desarrollo, desde la interposición de la demanda, hasta la culminación ejecutiva de la sentencia.
Con esta propuesta, la agilización de esta fase del procedimiento, la ejecución de la sentencia, resultaría muy significativa, al tiempo que representaría un importante ahorro económico para la Administración de Justicia.
