🟡 Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al ICPM

- EL ICPM recibió ayer la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, concedida por la Comunidad de Madrid, de manos de su presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid acogió el solemne acto de entrega de las distinciones de la Orden del Dos de Mayo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió conceder al Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, que fue recogida de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por el decano Alberto N. García Barrenechea y la vicedecana M.ª del Carmen Giménez Cardona. Al acto también asistieron el secretario Joaquín de Diego, el contador Ángel Mesas y el vocal Francisco Montalvo.

La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo se otorga a las personas físicas o jurídicas, instituciones nacionales y extranjeras, y grupos u otras entidades, por actos o servicios relevantes para los ciudadanos, principalmente en el ámbito de la Comunidad y en general por su contribución al progreso político, económico, cultural o social de la región. El Consejo de Gobierno tuvo en cuenta en su concesión que el ICPM "celebra el 450 aniversario de su fundación y realiza una innegable contribución al buen funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia".

El decano Alberto N. García Barrenechea manifestó con este motivo el agradecimiento y orgullo de la procura madrileña "en este año de aniversario por una condecoración que pone en valor el compromiso de los procuradores con los ciudadanos y la Administración de Justicia, con los valores democráticos y la defensa de la Constitución".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso en su intervención en el acto destacó que "el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid realiza una innegable contribución al buen funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia" y que "es imposible haber llegado hasta aquí sin su vocación y entrega al ciudadano. Siempre comprometido con unas instituciones fuertes y el Estado de Derecho, los procuradores realizan una labor fundamental, como profesionales libres e independientes, cual es la representación de los ciudadanos ante cualquier procedimiento judicial".

Facilitamos enlace al vídeo del acto de la Comunidad de Madrid (minuto 44:00):

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🔴 ARANCEL: Real Decreto por el que se aprueba el arancel

Fuente: BOE

El BOE de hoy publica el Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores.

- Queda derogado el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, y cuantas normas se opongan a lo establecido en este real decreto.

- Entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

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🔴 ARANCEL: el Tribunal Supremo anula la regulación de los aranceles de los procuradores a instancias del ICPM y otros colegios profesionales

- TS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. Sentencia núm. 592/2024, de 9 de abril.

Se declara nulo y no conforme a derecho el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia hecha pública hoy, ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día por el Iltre. Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y otros 18 colegios profesionales contra el Real Decreto 307/2022 que regulaba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

El Alto Tribunal admite los argumentos de los colegios recurrentes en la relación a las infracciones formales de la norma: omisión de un análisis real de impacto económico, de alternativas, de respeto de los principios de buena regulación y de necesidad y proporcionalidad. La Sala no ha entrado a valorar los motivos de impugnación material planteados al carecer ya de objeto por la anulación del Real Decreto.

Entre estos motivos el ICPM y el resto de colegios recurrentes alegaban que la norma ahora invalidada infringía el principio constitucional de reserva de ley y no establecía, como -como exige la Carta Magna- una limitación proporcionada y razonable de la libertad de empresa.

La sentencia declara la "nulidad de pleno derecho del reglamento (...) por la manifiesta insuficiencia del análisis del impacto económico incorporado a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN)" obligada para cualquier proyecto normativo.

El Tribunal Supremo recuerda a la Administración que "la Procura es una profesión que ofrece servicios de mercado pero que, por otro lado, es una pieza fundamental en el funcionamiento de la Administración de Justicia, como elemento colaborador de la misma con funciones delegadas" por lo que le resulta llamativo que el análisis sobre el impacto en la competencia del RD anulado "se agote en la afirmación de cuatro generalidades que no se asientan en dato empírico alguno, ni en el menor intento de averiguación de eventuales desventajas y defectos del nuevo régimen de retribución de los procuradores."

La sentencia condena en costas a la Administración y retrotrae la regulación de los aranceles de los procuradores en los tribunales a los dispuesto en la regulación anterior a la norma suspendida, el RD1373/2003.

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