Siete de los catorce edificios que integrarán la futura Ciudad de la Justicia de Madrid disponen ya de su respectivo proyecto, estando previsto que en breve, se amplíe a los correspondientes Juzgados de lo Penal y al de la Fiscalía. En concreto, se ha proyectado el del Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, el Instituto de Medicina Legal, Los Juzgados de lo Social y lo Mercantil, el Edificio de Usos Múltiples, los Juzgados de Menores y el Decanato.
De todo ello ha informado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, sin que se haya fijado una fecha para la conclusión de la citada Ciudad, aunque se prevé que, tras la licitación de todos los edificios, su edificación media podría durar entre dos años y medio y tres.
Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico
Sólo el 5% de los jueces hace un uso avanzado de las nuevas tecnologías, es decir, aprovecha las herramientas informáticas y telemáticas de gestión que pone a su disposición la Administración en Juzgados y Tribunales. Así, al menos, se desprende de un estudio realizado por Indra, empresa tecnológica responsable de la formación de los jueces en esta materia desde el año 2005.
Es cierto que seis de cada diez utiliza el correo electrónico y un porcentaje importante, en torno al 22%, sabe usar las bases de datos relacionadas con jurisprudencia y legislación, pero sólo el 5% utiliza el sistema de gestión procesal creado en la intranet del juzgado. Sorprende, además, que un 9% de los miembros de la carrera judicial rechacen la formación para el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
El Ministerio de Educación y Ciencia tramita en la actualidad un proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento español la directiva 2005/36/CE, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales en el espacio europeo a través del reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Así, en el anexo VIII del Proyecto, se incluye un listado de profesiones "reguladas", del que quedan fuera más de una decena de profesiones, entre ellas, administradores de fincas, biólogos, delineantes, físicos, geólogos, pedagogo, politólogos, psicólogos, sociólogos, perito mercantil, diplomados en ciencias empresariales o trabajadores sociales, sin que, por otra parte, se explique el criterio elegido para la selección -o no- de las profesiones "reguladas".
Esta situación afecta a más de 500.000 profesionales españoles y 900.000 estudiantes universitarios, que podrían ver mermadas sus salidas profesionales en función de la carrera que elijan.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece el Colegio de Procuradores, y numerosos Colegios Profesionales ya han trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios su desacuerdo con el Proyecto de Real Decreto, ya que, de salir adelante en los términos en los ha sido redactado por el Ministerio de Educación, la transposición de una directiva que pretendía favorecer a todos los profesionales europeos va a tener en España un efecto contrario.
El Vicepresidente y, Consejero de Justicia y Administraciones Públicas de Madrid, Alfredo Prada, reclamó para la Comunidad veinte juzgados de violencia de género, uno por cada una de las cabeceras judiciales de la Región.
En este sentido, Prada, apremió al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para la pronta puesta en funcionamiento de los seis previstos para este año en Parla, Fuenlabrada, Alcalá, Móstoles, Getafe y Arganda. Al mismo tiempo, manifestó al Ministro la intención de la Comunidad de hacer todo el esfuerzo necesario para la pronta creación de los dieciséis restantes.
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago, presentó la Memoria del Alto Tribunal, destacándose de sus comentarios la previsión de que para el 2010 este organismo resolverá en un año todas las causas, dada la actual tendencia a la baja de los asuntos pendientes, que se sitúan en la actualidad en un 16% menos.
Por otra parte, el Presidente del Supremo reclamó al Ministerio de Justicia autonomía presupuestaria, tal y como sucede con el Tribunal Constitucional, cuestión ya planteada en años anteriores y sobre la que aún no se había recibido respuesta oficial alguna. Pidió que, al menos, sea oído este organismo a la hora de elaborar los presupuestos anuales y que se le informe de la cuantía que, en el marco general, corresponde al Tribunal Supremo.
