El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en su reciente intervención en el Congreso, ha informado sobre las medidas que su Departamento ha iniciado para formar a unos 14.000 funcionarios de la Administración de Justicia, en el desempeño de las funciones que le atribuye la nueva Oficina Judicial, que entrará en vigor el próximo 4 de mayo.
El programa, dentro del marco de Modernización de la Justicia, cuenta con una inversión de 3 millones de euros, 800 cursos. 30.000 horas de docencia, repartidas en 10 semanas y un equipo de 300 docentes entre funcionarios e informáticos. Está dirigido a Secretarios Judiciales y a funcionarios del cuerpo de gestión procesal, tramitación y auxilio, habiendo sido consensuados con el Consejo de Secretarios y las Centrales Sindicales, y disponiendo de una versión presencial y otra on-line.
Durante los próximos dos meses, también, se pondrá a disposición de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, así como de las Administraciones Públicas, diversos materiales para que, en sus respectivos ámbitos puedan llevar a cabo tareas formativas concernientes a la Nueva Oficina Judicial.
La Dirección de Modernización del Ministerio de Justicia ha presentado el primer número de una Newsletter o boletín electrónico, que en este caso está dedicado expresamente a informar sobre los principales aspectos del proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, que tienen por objetivo lograr una Justicia moderna, ágil y de calidad.
Dado que en épocas de cambios, lo que más se demanda es información, este boletín electrónico pretende dar respuesta a esa demanda de información, tratándose, además, de un producto abierto a las propuestas y a la colaboración de todos, ya que con ellas se pretende mejorar número a número.
En las próximas semanas, se pondrá en funcionamiento una página web sobre la Nueva Oficina Judicial, a través de la cual será posible suscribirse a la Newsletter. Además, también se podrá acceder a la misma a través de la web del Ministerio de Justicia: http://www.mju.es/ en el apartado "Información de Interés".
Dado el interés que estas cuestiones pueden tener para los procuradores y su ejercicio profesional, se puede ver el documento íntegro pulsando sobre el enlace de la parte inferior "Descargar documento anexo".
La calificación del funcionamiento de nuestra Administración de Justicia sigue siendo malo o muy malo para el casi el 60% de los ciudadanos, según una encuesta realizada recientemente por la empresa NC Report y, cuyos resultados han sido publicados por el periódico LA RAZÓN. Sólo para el 31%, su funcionamiento es bueno o muy bueno.
Los españoles suspenden, con un 4,2, la situación general de la Justicia, considerando el 57,1% que la judicatura está politizada, frente al 32,1% que cree en su independencia.
Ayer, en la sede del Colegio, se celebró una MESA DE TRABAJO, convocada por la Comisión de Jóvenes y por la Subcomisión de Consultas, habiendo intervenido en la misma Rocio Sampere, Marisa Montero y Ludovico Moreno, procuradores en ejercicio, con amplia experiencia y antigüedad en las Comisiones por las que han acudido.
Se entregó un dossier a los asistentes con las normas procesales básicas de la ejecución de bienes hipotecados, centrándose en los inmuebles, con la explicación de los requisitos de legitimación, competencia, y de desarrollo de procedimiento con las incidencias más comunes, como son la posible existencia de arrendamientos, la modificación de cuantía por el art 693.3. y la explicación detallada de las subastas. Se entregó también un modelo de minuta.
Terminada la exposición, se abrió un turno de debate con los compañeros asistentes. En el mismo, entre otras muchas cuestiones de interés se trataron temas como: La inclusión de la tasa en la tasación de costas, el devengo de derechos cuando se modifica la cuantía por la rehabilitación y las cancelaciones de las notas marginales.
El plan de modernización del Registro Civil anunciado por el Gobierno ya dispone de un anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en enero pasado, según el cual la gestión del Registro Civil será asumida por funcionarios distintos a los jueces, más concretamente funcionarios de carrera del grupo A1, que tengan la licenciatura en Derecho o titulación universitaria equivalente, como Secretarios Judiciales.
Se descarta, de esta forma, que sean los Registradores quienes gestionen el Registro Civil, a pesar de haber sido solicitada por los mismos esta competencia y del mismo modo, se desoye la opinión de los jueces, contrarios a la desjudicialización de los registros relativos al estado civil de las personas.
Según el anteproyecto el número de oficinas pasa de las 432 actuales a 106, quedando una por Comunidad Autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, así como uno en Ceuta y otro en Melilla.
El futuro, sin embargo, se proyecta en el diseño de un Registro Civil Único para toda España, informatizado y accesible telemáticamente y con unidades de atención al público en los municipios.
