"La Justicia no puede seguir como está. Llevamos demasiado tiempo poniendo solamente parches. En la anterior legislatura no se hizo nada para una modernización que ya resulta inaplazable"
Son palabras de Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Colegios de Procuradores de España, pronunciadas con motivo de la presentación de una Jornada sobre la nueva Oficina Judicial que el Consejo celebrará mañana en la localidad de Chinchón con asistencia de representantes de todos los estamentos relacionados con la Justicia.
Estévez resaltó que los procuradores son los representantes de los ciudadanos ante los Tribunales y, por tanto, constituyen una garantía real y fehaciente para los derechos de aquéllos. Por eso, estos profesionales y sus organizaciones colegiales están seriamente comprometidos con los cambios que se han de producir en la legislación y en la posterior aplicación de las leyes, tras la sustitución de los antiguos juzgados por las oficinas judiciales.
Es una reforma que afecta a numerosas leyes. Los procuradores han presentado más de ciento cincuenta enmiendas a fin de añadir eficacia en la aplicación de las normas. Es, por ejemplo, en la fase de ejecución de sentencias en donde estos profesionales pueden hacer aportaciones que añadirían eficacia en los trámites, o en el ámbito de las comunicaciones a las partes en litigio, o en la averiguación de patrimonios, etc. La propia estructura corporativa y los despachos de procuradores cuentan con medios técnicos mucho más avanzados que los propios de los actuales juzgados.
En este sentido, los 9.000 profesionales agrupados en 67 colegios tienen ya digitalizados los expedientes que gestionan y que, solo en el año 2008, generaron más de 40 millones de notificaciones judiciales.
Los procuradores son profesionales liberales tal vez menos "visibles" que los abogados y los magistrados, pero su concurso es de tal magnitud e importancia que sin su celo la administración de Justicia, sufriría una paralización total. De ahí y desde la grave responsabilidad que asumen, se aplican a realizar sus aportaciones en todo el proceso de modernización a que dará lugar la implantación de las Oficinas Judiciales
En relación a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, los Procuradores, particularmente el Consejo General con el apoyo indiscutible de este Colegio, ha realizado un complejo proceso de actuaciones, que ha sido arduo, trabajoso y difícil ante los Grupos Parlamentarios.
Hemos conseguido que se admitan todas las enmiendas presentadas por nosotros, las cuales han sido acogidas por los Grupos Parlamentarios de CIU y PNV. Pero la más importante de todas ellas, que es la relativa a la incompatibilidad de la Procura con la Abogacía, ha sido presentada, conjuntamente, por los siguientes grupos parlamentarios: PP, CIU, PNV, GRUPO MIXTO y COALICIÓN CANARIA.
ENMIENDA
DE ADICIÓN
Se propone añadir un nuevo apartado al artículo décimo tercero del Proyecto por el que se modifica el artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo apartado 4 que tendrá el siguiente texto:
"4. EL EJERCICIO DE LA PROCURA ES INCOMPATIBLE CON EL DE LA ABOGACÍA"
JUSTIFICACIÓN
La incompatibilidad entre el ejercicio de la Procura y la Abogacía, viene determinada por la diferente naturaleza y posición jurídica de ambos profesionales en el proceso. El Procurador asume la representación técnica de las partes, pero además es un cooperador de la Administración de Justicia, lo que añade una dimensión pública a su actividad que excede al único interés de sus clientes.
Dicho Proyecto se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, esperando su aprobación y publicación, en su momento, en el Boletín Oficial del Estado.
Como continuación a la circular nº 70/09, en la que os dábamos traslado de la comunicación remitida por el Presidente del Consejo General de Procuradores, sobre el Impacto causado por la Trasposición de la Directiva de Servicios y en la que os adelantábamos las gestiones que este Colegio estaba llevando a cabo para la realización de una Conferencia al respecto, te comunico que la misma será impartida por Don Luis Calvo Sánchez, Profesor Titular de Derecho Administrativo, siendo la fecha prevista para su celebración el próximo día 4 de junio, y tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de los Juzgados de Instrucción (Plaza de Castilla nº 1, planta baja), a las 19,30 horas.
Para asistir, dado que el aforo es limitado, es necesario inscribirse en las oficinas de Bárbara de Braganza, mediante fax al nº 91 - 308 44 15, teléfono 91 - 308 13 23 o correo electrónico (dpto.secretaria@icpm.es).
De nuevo la Comisión de Jóvenes, siguiendo el criterio de la Junta de Gobierno de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 7 de nuestro Estatuto Profesional, que ordena la formación continua de los Colegiados, ha organizado hoy viernes 29 de mayo esta décima jornada sobre el tema "La Responsabilidad Civil del Procurador".
Ya el Tribunal Supremo se pronunció en la conocida Sentencia de 18 de Febrero de 2005, definiendo al Procurador de los Tribunales como un especialista en Derecho, que presta sus servicios por su especial cualificación, y que debe responder con profesionalidad, con su "lex artis" al mandato conferido por su cliente ex articulo 1718 CC.
Antonio Albanés, Abogado especialista en responsabilidad civil, ha elaborado una ponencia en la que aborda de manera práctica cuales son los supuestos más comunes que se producen en nuestra práctica profesional y que dan lugar a las demandas de responsabilidad civil.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el pasado día 22 de mayo la sede del Consejo Arbitral, en el que están integrados los procuradores. Este sistema de arbitraje es una alternativa a los tribunales de justicia ordinarios para que los propietarios e inquilinos inscritos en el Plan Alquila puedan resolver los posibles conflictos relacionados con el alquiler de un modo ágil, rápido y económico. La presidenta regional estuvo acompañada por Manuel Jiménez de Parga, presidente del Consejo Arbitral y ex presidente del Tribunal Constitucional.
Este nuevo consejo, que empezó a funcionar el mismo día 22, está ubicado en el número 46 de la madrileña calle de Donoso Cortés. Aguirre aprovechó la inauguración de la sede para firmar diversos convenios con las instituciones arbitrales competentes en la región: Colegio de Registradores, Colegio de Notarios, Abogados, Procuradores, así como las Instituciones Arbitrales Privadas, Arbitrajes de Bienes Inmuebles y Sociedad Española de Arbitraje.
Con la puesta en marcha de esta institución, el Gobierno regional pretende que propietarios e inquilinos puedan resolver de un modo ágil, económico y eficaz sus posibles diferencias en relación con el arrendamiento. Resulta fundamental generar la seguridad jurídica suficiente entre las partes para promover un incremento de la oferta. De esta medida se beneficiarán también los inquilinos, ya que gracias al Consejo Arbitral se reducirán los costes de los litigios, tanto en tiempo como en dinero. Tanto los propietarios como los inquilinos recibirán asesoramiento gratuito antes, durante y después del procedimiento arbitral.
La fórmula del arbitraje es muy utilizada en países de nuestro entorno para solucionar conflictos. En España las resoluciones de las instituciones de arbitraje son de obligado cumplimiento por las partes, como las sentencias judiciales.
Este sistema permite a los propietarios e inquilinos solucionar sus conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia ordinarios, lo que provoca la saturación de los juzgados. Sólo en Madrid se celebraron 3.965 juicios por problemas de arrendamientos en 2006, una cifra que se incrementó en 2007 (4.348) y en 2008 4.783). Se prevé que el Consejo Arbitral reduzca un amplio porcentaje de estos litigios.
