El próximo jueces, día 8 de octubre, está convocada huelga de jueces por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, argumentando el incumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno, tras el paro celebrado el pasado 18 de febrero.
El resto de las asociaciones judiciales: Francisco de Victoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) no secundarán esta jornada de paro, que, por su parte el Ejecutivo, considera carente de razón.
La asociación convocante (APM) tiene cerca de 1169 afiliados de los 4600 jueces y magistrados existentes en toda España.
La Comisión de Jóvenes de este ICPM organizó un viaje a Londres los días 1 al 4 de octubre.
Se trataba de celebrar un encuentro con nuestros homólogos británicos, para conocer su forma de acceso a la profesión, su actividad, sus funciones, su sistema de colegiación, su deontología y otros tantos aspectos interesantes en orden a nuestros próximos cambios legislativos provocados por la adaptación a la normativa de la UE.
En un entorno de máxima participación entre los asistentes, escuchamos las explicaciones de Solicitors, Barrister, Especialistas Forenses y Notario, sobre el acceso a sus profesiones y sus funciones; también nuestro Vicedecano les explicó la función del Procurador de los Tribunales.
Un interesante coloquio entre los asistentes, cerró el turno de conferencias. Después asistimos a un Tour en el Middle Temple, invitados por el Barrister Nicholas Yell y como colofón, una comida en ese maravilloso edificio donde se rodaron escenas de Harry Potter, dio lugar a un acercamiento personal a esas figuras del derecho anglosajón. Terminamos el día con una visita a la Court.
El resto del viaje, con una visita organizada a la ciudad de Londres y mañana libre para compras, cerró con éxito este proyecto. Recibimos la felicitación de todos los compañeros que además nos animaron a seguir con este sistema formativo, que la Junta de Gobierno propugna, y que abarca la celebración tanto Jornadas Formativas, como Mesas Redondas, Mesas de Trabajo, viajes corporativos que activen el acercamiento entre los compañeros y demás ideas que como ésta, traspasan nuestras fronteras para acercarnos al sistema europeo.
En la Revista corporativa se publicará un amplio resumen de la actividad.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado ayer 30 de septiembre, el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados confirmó la paralización "sine die" de las obras en el Campus de la Justicia por problemas económicos, con lo que se mantiene la irracional y creciente dispersión de sedes judiciales en Madrid Capital, de la que se están derivando importantísimos perjuicios económicos y sociales, tanto para quienes desempeñan sus funciones en la Administración de Justicia, como y sobre todo para los ciudadanos que tienen que acudir a los órganos judiciales.
Desde hace bastante tiempo el Colegio de Procuradores ha informado detalladamente a todas las altas instancias, tanto políticas como jurisdiccionales, sobre la gravedad funcional derivada de la citada dispersión, así como del abandono político y económico que estaba padeciendo la Justicia en Madrid, uno de cuyos claros exponentes era la desmedida proliferación de sedes judiciales, hasta alcanzar en la actualidad una cantidad superior a veinte y con sucesivas previsiones de expansión. A dicho planteamiento, hasta el momento, no se ha obtenido ningún tipo de respuesta oficial, a pesar de la detallada y razonada información remitida.
En palabras del Consejero y ante la crisis económica, la suspensión del proyecto estaba justificada al tener que "destinar prioritariamente los fondos a donde más se necesitan: sanidad, educación y servicios sociales", olvidándose el Gobierno Regional de que la Justicia es un servicio público de particular interés social, además de ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho .
De nuevo el Colegio de Procuradores quiere insistir en la urgencia y prioridad que nuestro Gobierno Regional debe ofrecer a la Justicia, toda vez que su funcionamiento está seriamente cuestionado por los ciudadanos, tanto por su anacronismo, como por la falta de atención de la que está siendo objeto por parte de los Poderes Públicos y objetiva necesidad de modernización y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El presupuesto destinado al Ministerio de Justicia para el año 2010 se verá incrementado en un 13,8% respecto al del año anterior, lo que supone un total de 1.804,82 millones, esto es 219,5 millones más que en el año 2009. De dicha cantidad, está previsto que 200 millones vayan destinados al Plan de Modernización, recientemente presentado por el Ministro.
En cuanto al reparto de las partidas, es de destacar la destinada a la modernización tecnológica que alcanza una cuantía de 223,91 millones y en concreto, para la plena incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados, se reservan 101, 38 millones de euros.
Con esta dotación presupuestaria, Justicia mantiene su peso del 0,5% en el marco general de los Presupuestos, porcentaje que es importante, si se tiene en cuenta que las transferencias en esta materia están realizadas a 11 comunidades Autónomas.
El día 30 de septiembre, el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el Presidente del CGPJ, Carlos Divar, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con la presencia de los Presidentes de la Abogacía y la Procura, Carlos Carnicer y Juan Carlos Estévez, respectivamente, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan de Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), un sistema que permitirá la interconexión entre todos los sistemas informáticos de la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia ha dado a este convenio la máxima importancia, presentándolo como la visualización de la convergencia de esfuerzos de todas las instituciones implicadas en el proceso de modernización del sistema judicial.
El convenio suscrito, prevé la incorporación de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, que así lo estimen oportuno.
