Fuente: Elderecho.com
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tras su aprobación, el texto pasará al Senado para su tramitación correspondiente.
El proyecto, para el que Justicia tiene previsto destinar 47,6 millones de euros durante 2015, pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales.
La nueva norma obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.
Durante el debate previo a la aprobación del texto, la mayoría de los grupos parlamentarios han mostrado sus dudas sobre el cumplimiento de este objetivo, debido a la carencia de medios suficientes para llevarlo a cabo.
La norma dispone que los jueces puedan emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. Por tanto, se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel.
Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.
En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes para realizar esta actividad. Para hacerlo efectivo, la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.
Entre las enmiendas aprobadas se apuesta por que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia fijen una fecha -distinta si es necesario al 1 de enero de 2016-, para dotar de los medios electrónicos adecuados a los órganos judiciales para que pueda eliminarse el papel de los Juzgados en todo el territorio nacional.
Además, y en cuanto a las novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, está la de dotar de nuevas funciones a los procuradores, que tendrán la capacidad de realizar actos de comunicación si sus clientes así lo solicitan.
Fuente: CGPE
En documento adjunto se encuentran dos documentos, el primero es el calendario de implantación de PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITOS (actualización del pasado en esta misma sección, con fecha 27 de mayo) y, el otro es el relativo al calendario de implantación de NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS LEXNET en aquellos lugares o jurisdicciones donde todavía no los hay.
Fuente: DIARIO DE LEÓN
El ministro de Justicia reiteró su compromiso con la desaparición del papel en las comunicaciones de los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en un encuentro ante los medios de comunicación, previo a la clausura de las Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas el fin de semana y que contó con la presencia de casi 300 "letrados de la Administración de Justicia", como pasarán a ser denominados los actuales secretarios judiciales.
"Las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales se harán de forma telemática. No es una opción, nos obliga la ley. Vamos a empezar con las pruebas piloto, los cursos de formación y lo que haga falta para que el 1 de enero haya papel cero en los juzgados", explicó Catalá.
Además destacó que aunque hay órganos judiciales con sobrecarga de trabajo, no se podrán crear demasiados juzgados nuevos. "Preferimos autorizar refuerzos y crear plazas, 282 de jueces y 66 de fiscales, más 2.023 de funcionarios. Con eso y con las nuevas tecnologías haremos frente".
El secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, secretario judicial de profesión, asumió en nombre de sus compañeros el resto de la innovación tecnológica y se comprometió ante el ministro a que el colectivo hará un esfuerzo suplementario "para la adaptación a los nuevos tiempos".
Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico
Llega el fin de la legislatura y en el caso de Justicia, la lista de reformas en tramitación es larga, lo que no quita para que su titular, Rafael Catalá se haya propuesto sacarlas todas adelante.
Recientemente han culminado su tramitación dos leyes: la reforma de la LEY HIPOTECARIA, que coordina el catastro con el Registro de la Propiedad y, la ley que concede la NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES originarios de España.
Un proyecto que parece que no verá la luz esta legislatura es la de JUSTICIA GRATUITA. Según parece, el texto no saldrá adelante, aunque se están introduciendo enmiendas sobre esta materia en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL: En la reforma que el Ministerio plantea sobre este texto, introduce buena parte de las medidas encaminadas a lograr que, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estén obligados a emplear los medios electrónicos en la presentación de escritos y documentos. El texto, que también prevé cambios en los procesos monitorios y en la regulación del juicio verbal, se encuentra en tramitación parlamentaria y figura en la agenda del Ministerio para ser aprobado en septiembre.
EL PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL, que regula el proceso de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras en España, llegará al Congreso en segunda vuelta en septiembre.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: empezó siendo un texto muy ambicioso, incluyendo la reforma de la demarcación y planta judicial, pero finalmente se ha limitado a introducir algunas medidas que, según ha asegurado Catalá, "agilizarán la Justicia, mejorarán el reparto de la carga de trabajo entre juzgados y permitirá una mayor especialización de jueces y magistrados". La reforma recoge el cambio de denominación de los secretarios judiciales, que pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia. El texto recibirá la luz verde del Congreso en las próximas semanas, según confirma el Ministerio.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: La pasada semana, el Congreso dio el visto bueno a los dos proyectos, uno de ley orgánica y otro de ley ordinaria- de reforma, que pasan ahora al Senado y que previsiblemente quedarán totalmente aprobados en septiembre. Introduce medidas como la previsión de limitar los plazos de instrucción, con un periodo ordinario de 6 meses en causas sencillas y de 18 en las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. Además se modifica el término judicial imputado por "investigado" en una primera fase y "encausado" si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación.
PROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: asigna nuevas competencias a colectivos como notarios, registradores o secretarios judiciales con el fin de descargar de trabajo los tribunales y agilizar trámites. Introduce la sonada medida por la que los notarios (y finalmente también los secretarios judiciales) podrán tramitar bodas y separaciones. Este jueves se prevé que obtenga el respaldo del Congreso.
BAREMOS ACCIDENTES: proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Esta reforma está prevista que quede aprobada en septiembre.
EUROJUST: proyecto de ley por el que se regula el estatuto de miembro nacional de España en Eurojust. Esta norma plantea regular los conflictos de jurisdicción y las redes judiciales de cooperación internacional. Quedará aprobado en julio, según los cálculos de Justicia.
Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico y EL MUNDO
Los 28 ministros de Justicia de la Unión Europea aprobaron ayer, tras más de 3 años de debates, la nueva norma cuyo objetivo es reforzar la protección de los datos personales en Internet frente al uso que hacen de ellos grandes compañías como Facebook o Google. Cabe destacar que este nuevo reglamento recoge por primera vez, y de forma expresa, el llamado "derecho al olvido", que ya fue reconocido por el Tribunal de Justicia de la UE, sobre la supresión de contenidos en internet que puedan ser dañinos para las personas.
Este texto sin embargo, no echará a andar de inmediato, puesto que ahora debe negociarse en el Parlamento Europeo, donde los debates empezarán este mismo 24 de junio con el objetivo de que esté adoptado a finales de año, según explicó la comisaria de Justicia, Vera Jourova.
El ministro de Justicia español, explicó que "aunque hay aspectos mejorables, nos parece que el texto alcanzado es un buen compromiso, puesto que a aumentar el control de los ciudadanos sobre sus datos y reducir los costes para las empresas".
