Fuente: Gabinete de Comunicación de la AEPD
El Decano, Gabriel Mª de Diego, siguiendo con la agenda institucional de la Junta de Gobierno del Colegio, asistió el día de ayer al acto de toma de posesión de la nueva directora de la AEPD, Dª Mar España Martí, hasta el momento vocal del Consejo Consultivo de la AEPD, y que ejercerá su mandato durante los próximos cuatro años.
Licenciada en Derecho por ICADE, es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en la especialidad jurídica desde 1989. Sus más recientes cargos desempeñados han sido como asesora en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto este último donde ha ejercido, entre otras funciones, la secretaría adjunta del Consejo de Gobierno, la presidencia de la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos -donde está adscrito el Comité de Seguridad de la Información-, y ha sido responsable del impulso de los temas de calidad y transparencia.
En la imagen, el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés; el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín; el subsecretario de Interior, Luis Aguilera; Mar España, la nueva directora de la AEPD; y José Luis Rodríguez Álvarez, exdirector de la misma.
Fuente: CINCO DÍAS, Vida Jurídica
El primero de enero de 2016, y por fuerza de ley -como reitera el ministro de Justicia- la justicia española entrará de lleno en el mundo en la comunicación digital, tal y como se recoge en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados se prevé para los primeros días de septiembre. Todo ello en el complicado marco del cumplimiento de plazos y de viabilidad en este contexto de austeridad presupuestaria.
El Ministerio de Justicia ha avanzado medidas, como la constitución el pasado 13 de mayo, de la comisión "Justicia Digital: papel cero", en la que participa entre otros, el Consejo General de Procuradores de España y las comunidades autónomas representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica). También, el departamento que dirige Catalá ha elaborado un proyecto de real decreto de comunicaciones telemáticas, que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las comunidades autónomas y que será aprobado a finales de septiembre.
El proceso de inmersión digital de la justicia se complementa con otras medidas, como por ejemplo el sistema Lexnet, plataforma en cuyo desarrollo y promoción ha sido especialmente relevante hasta la fecha, el papel de los procuradores. Su desarrollo en el ámbito penal empezará a funcionar a partir del último trimestre del año. Esta aplicación ha superado ya los 100 millones de comunicaciones y cuenta con más de 45.000 usuarios, según fuentes del Ministerio de Justicia, contando ya, además de los procuradores, con la abogacía y los graduados sociales.
En cuanto a las opiniones de los operadores jurídicos, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, afirma que al colectivo de procuradores no le da "ningún miedo" ni las tecnologías ni los plazos, ya que es un objetivo del que está "convencido" y cree que la presentación telemática de demandas o escritos estará el 1 de enero "al 90%". Aún así reconoce que la relación entre los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas con competencias "puede hacer algunas cosas más complejas", pero lo importante es "implantar las tecnologías de una vez por todas en la justicia".
La relación de los ciudadanos con este servicio público y el próximo avance tecnológico de la justicia, tendrá sus efectos. Entre las novedades estarán la Sede judicial electrónica (acceso de los ciudadanos a sus expedientes judiciales, debe estar en funcionamiento antes de 6 meses en el territorio con competencias estatales); Justicia móvil (uso de SMS como sistema de aviso de la celebración o suspensión de un juicio, para finales de año); Inscripción de nacimientos y defunciones (que se realizarán desde los mismos hospitales a partir de octubre) o, Requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que se realizarán mediante correo electrónico antes de acabar el año), entre otras.
El día de ayer jueves 23 de julio, se celebró Junta General Extraordinaria, en el salón de actos del edificio de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla y todo ello, de conformidad con cuanto dispone el vigente Estatuto y con arreglo al siguiente Orden del Día: 1º. Rectificación de error en acta de Junta General Ordinaria de 11 de diciembre de 2014. 2º. Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015. 3º. Estudio, tratamiento y en su caso, aprobación, del proyecto de Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. 4º. Ruegos y preguntas.
Tras la preceptiva votación y aprobación de los puntos 1º y 2º, se inició la presentación del punto 3º relativo al tratamiento de todas y cada una de las enmiendas presentadas por los colegiados al Proyecto de Estatuto elaborado por la Junta de Gobierno y remitido como documento adjunto a la Circular nº 114/15 de 2 de julio.
Así, se proyectó en pantalla para facilitar a los presentes la lectura de cada uno de los textos de los artículos del Proyecto que tenían enmienda presentada por los Colegiados -se remitieron completas como documento adjunto a la Circular nº 128/15 de 20 de julio- y, en su caso, los textos transaccionales propuestos por la Junta de Gobierno que fueron expuestos sucesivamente por varios miembros de la Junta de Gobierno. También se requirió la participación de los Asesores Jurídicos del Colegio presentes en el acto para realizar alguna aclaración a los mismos.
El Decano facilitó un turno de intervenciones en defensa y oposición a cada una de las enmiendas presentadas y propuestas de texto transaccionales, tras las cuales se procedió a la votación a favor, en contra o con abstenciones, para su inclusión como texto definitivo del Proyecto de Estatuto, aprobándose cada enmienda o propuesta por mayoría de votos emitidos. Asimismo, también se recogieron modificaciones "in voce", que se debatieron y votaron. Seguidamente se desarrolló un turno de ruegos y preguntas.
Se dio cuenta también de los siguientes pasos que se realizarán y de los que se mantendrá informados a todos los Colegiados: la remisión del Proyecto de Estatuto al Consejo General de Procuradores y la Comunidad de Madrid, a los efectos de sus respectivos controles de legalidad y su aprobación.
Finalmente, el Decano cerró la sesión agradeciendo el gran trabajo realizado por todos los Colegiados, con la presentación de enmiendas al texto del Proyecto de Estatuto que pretende ser plural, transparente y democrático y, felicitando a todos los asistentes por el desarrollo de esta Junta General, órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio.
En relación a la cumplimentación de los LISTADOS DE ASUNTOS y con motivo del elevado número de aportaciones realizadas hasta el momento, de manera excepcional, se podrán incluir listados durante este fin de semana y hasta el próximo DOMINGO DÍA 26, con el fin de aportar asuntos que tengáis pendientes.
Recordamos finalmente el acceso a través de:
Área Privada - Servicios Colegiales - Servicio de Guardia de Agosto 2015.
Hoy 23 de julio, entra en vigor una buena parte de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, aunque no la totalidad de la norma, pues su disposición final 21ª, establece un calendario sucesivo de entrada en vigor de varias de sus disposiciones que se prolongará hasta el 30 de junio de 2017:
- Las disposiciones del Capítulo III del Título II, reguladoras de la adopción, con la entrada en vigor de la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia, previsiblemente a principios del próximo mes.
- Las disposiciones del Título VII que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales, que entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.
- Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, Disposición final segunda y Disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la Disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.
- Las modificaciones del artículo 7 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; las del artículo 7 de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España; y las del artículo 7 de Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima respectivamente, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.
- Las disposiciones de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la Disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.
