Ayer jueves 17 de septiembre se celebró en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una Mesa Redonda en la que los participantes expusieron las distintas reformas legislativas que han sido aprobadas, así como las pendientes de aprobar y que suponen, no sólo la necesidad de adaptación que conllevan, sino que en cuanto a los Procuradores se refiere, van a suponer la asunción de nuevos retos que nos van a permitir seguir demostrando que somos los mejores cooperadores de la Administración de Justicia.
La Mesa estuvo formada por Rocío López González, Diputada del Partido Popular y Procuradora de los Tribunales no ejerciente y Gabriel Mª de Diego Quevedo, Decano del I. Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM). Estuvo coordinada por Enrique Arnaldo Alcubilla. Catedrático de Derecho Constitucional y Letrado de las Cortes Generales.
El objetivo del acto fue conocer qué se espera de los procuradores y en qué medida seguimos implicados en la apuesta por una Administración de Justicia más rápida y eficaz.
Del acto destacó el análisis que Rocío López González hizo de la reforma de la Justicia en general, como servicio público moderno, sensible a los problemas de la gente, y donde puso de relieve los 14 proyectos de Ley que han sido tramitados en los últimos 11 meses. Por otro lado, repasó las reformas legislativas claves, de intensa cantidad y alcance, que darán forma a la Justicia del futuro: LOPJ, Violencia de Género y Protección a la Infancia, Jurisdicción Voluntaria, Justicia Gratuita, Estatuto de la Víctima, LEC, LECr, Arbitraje y Mediación.
El proyecto de modernización de la Justicia recalcó también, debería sostenerse sobre tres grandes ejes: una Justicia digital, una Justicia abierta, cercana y accesible y una Justicia innovadora.
En cuanto al impacto legislativo en la procura, destacó el papel protagonista que tenemos y que debemos seguir teniendo los Procuradores, retomando la exposición de motivos del PL de reforma de la LEC: la figura del procurador ha tenido una intervención directa y activa en nuestro Ordenamiento Jurídico y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus Abogados y las oficinas judiciales.
Ya para finalizar y en cuanto al futuro de la procura, resaltó que se trata de una actividad que engloba a 10.500 procuradores, que sostiene un total de 50.000 puestos de trabajo, que supone una contribución al PIB total de 800 millones de euros, lo cual representa un 0,77% del PIB de España en 2012; que cuenta con unas infraestructuras creadas por los propios procuradores y compuestas por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España y que tramitan 80 millones de notificaciones al año a "coste cero" para la Justicia.