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20/11/2015
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Fuente: NoticiasJurídicas.com. Jurisprudencia. Actualidad
La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 13 de noviembre de 2015 (sentencia número 633/2015), en la que, entre otros extremos, establece que no se puede recusar a un juez porque haya sido compañero de clase del representante legal de la parte demandada.

Los jueces, como profesionales del Derecho, han estudiado en la facultad de Derecho y por tanto han sido compañeros de clase no solo de empleados bancarios que sean licenciados o graduados en Derecho, como en este caso, sino de numerosos abogados y procuradores que intervienen en los juicios. Si tuvieran que abstenerse o pudieran ser recusados cada vez que coinciden en un juicio con compañeros de clase, o con cualquiera de las personas con las que entran en contacto en su vida diaria, como ciudadanos corrientes, les resultaría imposible administrar justicia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil consideran causa de abstención y recusación no es el simple conocimiento, ni siquiera la amistad. Solamente lo es la amistad ?íntima? con cualquiera de las partes, ni siquiera con sus profesionales o empleados. Por tanto, la alegación absolutamente falta de fundamento de que la directora de la sucursal en la que la demandante contrató el swap pudiera ser amiga de la Magistrada-Juez de Primera Instancia, incluso aunque hubiera sido cierta, no sería idónea para que la Magistrada-Juez pudiera haberse abstenido ni, por tanto, para que se le pudiera recusar, en tanto que se exige una amistad ?intima? para que el juez pueda abstenerse o pueda ser recusado."

El argumento de la Sala al respecto concluye con una severa crítica al planteamiento de este motivo de recurso:
"Que el abogado de la parte recurrente, en tanto que profesional del Derecho, fundamente el motivo del recurso extraordinario por infracción procesal en la acusación de parcialidad de la juez, a la que no ha recusado, con base en que en el acto del juicio, en el ejercicio de sus facultades y obligaciones de dirección del debate durante la celebración de las pruebas, le declaró impertinentes algunas preguntas y le obligó a reformular otras, y a que saludó a una empleada de la parte contraria porque habían sido compañeras de curso en la facultad y por tanto ?pudieran? ser amigas, no solo no permite estimar el motivo del recurso, sino que debe considerarse una actuación injustificable en un profesional del Derecho que actúa ante los tribunales de justicia.?
Pese a esta crítica, curiosamente al final, el TS estima el recurso sobre el tema de fondo (el reiterado asunto del error en la contratación de Swaps), en una sentencia ejemplarmente clara y didáctica.
17/11/2015
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Fuente: EL MUNDO, Madrid
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han concluido que el proyecto "está viciado" y creen que es mejor "deshacerlo que mantenerlo".

Que se deseche el proyecto que dejó en herencia González no significa que el Gobierno de Cristina Cifuentes le de la espalda a la idea de agrupar las sedes judiciales en un mismo espacio. El Ejecutivo autonómico y la propia presidenta han manifestado en reiteradas ocasiones la idoneidad de la propuesta, ya que "cuenta con un respaldo mayoritario del sector".

Se trataba de reagrupar las 28 sedes judiciales, de las que 19 están en inmuebles alquilados, en un único espacio en Valdebebas, un complejo que permitía además prestar otros servicios como restauración, limpieza, aparcamientos...

En la Asamblea de Madrid, tanto Ciudadanos como el PSOE no le han hecho ascos al reagrupamiento de las sedes judiciales. En lo que disienten es en el modo de llevarlo a efecto. La única formación que se ha desmarcado de la propuesta ha sido Podemos.

El Gobierno regional conserva la idea y pondrá en marcha el proyecto, con la convocatoria de un nuevo concurso que tenga todas las garantías "en un futuro próximo".
16/11/2015
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A Coruña, 13 de noviembre.- Las V Jornadas Nacionales organizadas por el Consejo General de Procuradores, reunieron en el paraninfo de la Universidad a unos 200 profesionales del ámbito jurídico. El presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, explicó que el objetivo del encuentro era ?analizar la producción legislativa tan reciente que ha habido para una mejor formación y tratar de encontrar puntos en común de interpretación de las leyes para una mejor práctica diaria?.

En el encuentro, representantes de ambos colectivos buscaron y consiguieron importantes puntos de encuentro, plasmados en seis conclusiones finales. Entre ellas, ambos colectivos profesionales, "consideran urgente la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y su implantación homogénea en su diseño para todo el territorio español".

Otra de las conclusiones de la V Jornada, recomiendan introducir las modificaciones legislativas y tecnológicas necesarias que mejoren la eficacia del sistema de ejecución en nuestro ordenamiento jurídico procesal, reforzando las funciones de ambos".

Tras dos días de intenso trabajo y debate, letrados y procuradores se comprometen a apoyar e incentivar iniciativas sobre traslado, depósito y ulterior realización de bienes muebles embargados por parte de los Colegios de Procuradores, bajo la dirección del Letrado de la Administración de la Justicia.

Por último, los Secretarios Judiciales y Procuradores han coincidido en la vigencia de este tipo de jornadas, ya que no solo tienen como objetivo ?aunar posiciones y buscar puntos de encuentro? para contribuir a ?mejorar? la Administración judicial, sino que también esta mutua colaboración es imprescindible porque los ciudadanos ?se merecen todos esfuerzos para mejorar la Justicia?.

CONCLUSIONES
1ª. Procuradores de Los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia consideran la urgente necesidad de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y su implantación homogénea en su diseño y en todo el territorio español.

2ª. Letrados de la Administración de Justicia y Procuradores de los Tribunales demandamos la reforma y modernización de la Administración de Justicia tomando como base la nueva oficina judicial, adaptando la planta, la demarcación judicial y la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.

3ª. Procuradores de los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia recomiendan introducir las modificaciones legislativas y tecnológicas necesarias que mejoren la eficacia del sistema de ejecución en nuestro ordenamiento jurídico procesal, reforzando las funciones de ambos.

4ª. Letrados de la Administración de Justicia y Procuradores de los Tribunales se comprometen a apoyar e incentivar iniciativas sobre traslado, depósito y ulterior realización de bienes muebles embargados por parte de los Colegios de Procuradores, bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia.

5ª. Procuradores de los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia se comprometen a fomentar, impulsar e instaurar la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos, requiriendo el desarrollo de las funciones atribuidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial a los Letrados de la Administración de Justicia en la mediación intrajudicial y fomentando la intervención del Procurador en la mediación extrajudicial.

6ª. Se hace necesaria la existencia de instrumentos normativos que permitan una eficaz intervención y participación de los Procuradores en la colaboración internacional entre Tribunales.

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
La Ley Orgánica del Poder Judicial debe configurarse como norma básica reguladora del ejercicio y las funciones de la profesión de Procurador. La naturaleza jurídica de la profesión de Procurador en su doble condición, de colaboradores de los Juzgados y Tribunales y representantes de los ciudadanos en los diferentes procedimientos judiciales, determina la incompatibilidad de su ejercicio con el de la Abogacía.

La naturaleza y configuración de la figura de los Letrados de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial y normas procesales aprobadas requieren el correspondiente reconocimiento retributivo que haga justicia con las nuevas funciones asumidas, que los procuradores demandamos.

En representación de la procura madrileña asistieron a las Jornadas, el Decano Gabriel Mª de Diego y, el Secretario Manuel Ortiz de Apodaca.

En la imagen junto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá -que clausuró las Jornadas-, el Presidente del CGPE y el Decano del ICPM.
13/11/2015
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha hecho entrega el día de ayer del galardón del XXI Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, a Fernando Ledesma, exministro de Justicia y, desde 2009 Consejero Permanente de Estado.

El jurado, presidido por Landelino Lavilla, ha decidido otorgar, entre 35 candidaturas, este galardón a Ledesma "por su brillante aportación al derecho administrativo desde la Fiscalía y la Magistratura". Bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, la elección de este letrado consolida los objetivos de esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos.

Al acto de entrega celebrado en el Casino de Madrid, asistieron más de 800 personas así como una nutrida representación de las personalidades políticas, jurídicas y empresariales; así como ilustres juristas del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Audiencias, Parlamentarios, Letrados y Procuradores, máximos representantes de la Universidad, de la política y del mundo empresarial. En representación del ICPM, asistió la Vocal 6ª de la Junta, Pilar Azorín-Albiñana.

Participaron desde la Mesa Presidencial el Ministro de Justicia, el Presidente de la Junta de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Presidente del Consejo de Estado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Jurado y Consejero Permanente de Estado y el Presidente de Grupo Pelayo.

Fernando Ledesma, en su discurso como galardonado, reflexionó sobre la función de la política, el Estado de bienestar, los peligros de una sociedad fragmentada y las responsabilidades de los juristas. Expuso cómo la convivencia democrática plantea en España problemas nuevos que requieren entre otras cosas para superarlos: mantener la unidad de España, respetar el principio de legalidad democrática del que forma parte esencial el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos y fortalecer nuestra integración en Europa.

En la imagen, Rafael Catalá entrega el premio a Fernando Ledesma. Al fondo, de izda. a dcha. Landelino Lavilla, presidente del Jurado; José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado; Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado y José Boada, presidente de Grupo Pelayo.
12/11/2015
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Ayer miércoles 11 de noviembre tuvo lugar la segunda reunión entre el ICPM y la Comunidad de Madrid para acercar posturas y lograr un incremento de los baremos del turno de oficio. Por parte del ICPM acudieron el Decano, Gabriel Mª De Diego, la Vicedecana, Rocío Sampere, el Presidente y Copresidenta de la comisión de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, Antonio Sánchez-Jáuregui y Marta Franch, respectivamente. Por parte de la CAM, Ángel Garrido, Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, Viceconsejero y, María Cristina Díaz Márquez, Directora General de Justicia.

Los procuradores han declarado que van a mantener cuantas reuniones sean necesarias para concretar una remuneración digna para la prestación del servicio de representación de Justicia Gratuita.