Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid acabará el año con 74 equipos psicosociales judiciales, una vez que se pongan en marcha los cinco de nueva creación anunciados por el presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, en la Asamblea de Madrid.
Los nuevos equipos comenzarán a trabajar en Alcobendas, Arganda del Rey, Aranjuez, Móstoles y Pozuelo de Alarcón, que son las poblaciones que más necesitan de un incremento de medios personales dado que son las que tienen más carga de trabajo. Así, se unirán al equipo que ya se puso en marcha el año pasado para reforzar Valdemoro.
Formados por un psicólogo y un trabajador social, estos equipos emiten informes periciales sobre cuestiones psicológicas, sociales, familiares o educativas a petición de los órganos judiciales y fiscales. Además, aclaran y ratifican estos informes en los procesos judiciales cuando así se les requiere. Asimismo, llevan a cabo actuaciones de auxilio judicial en la exploración y toma de declaración de menores y personas especialmente vulnerables durante la instrucción de procedimientos penales.
Además, prestan servicio en procedimientos de familia (Juzgados de Familia y Audiencia Provincial), procedimientos penales (Juzgados de Instrucción y de lo Penal), Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de Violencia sobre la Mujer y en procedimientos de incapacidades (Juzgados de Incapacidades y de Primera Instancia).
Existen equipos psicosociales en la Clínica Médico Forense, en el Instituto Anatómico Forense y en el Servicio de Atención a Víctimas, en el que la Comunidad de Madrid presta asistencia a las víctimas de cualquier tipo de delito violento (violencia de género, maltrato familiar, agresiones sexuales o abusos, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, etc.).
Los equipos informan a las víctimas de sus derechos para evitar la desprotección, les preparan y acompañan al juicio y ofrecen orientación sobre las opciones que tienen de poder acceder a recursos psicosociales o especializados de otro tipo cuando proceda.
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Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
El presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, subrayó ayer con motivo de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, el compromiso del Gobierno regional con todas aquellas manifestaciones más visibles de intolerancia y discriminación hacia quien se considera diferente: la xenofobia, el racismo, la intolerancia religiosa, la LGTBIfobia, el antisemitismo o el ultranacionalismo.
Garrido recordó que entre el 60 y el 90 % de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio no denuncian porque creen que nada va a cambiar, y agregó que esta situación debe cambiar por lo que es imprescindible transmitirles el mensaje de que no están solas.
Así, el presidente madrileño destacó que el Gobierno regional cuenta con un servicio gratuito de abogados y procuradores desde el momento en el que se interpone la denuncia, lo que permite agilizar el proceso judicial desde el inicio.
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón.
El nuevo magistrado de la Sala Segunda se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía antes de ingresar por oposición en la Carrera Judicial en 1986. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla, para servir posteriormente en el Juzgado de Distrito número 20 de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Móstoles y el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.
En 2007 se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Madrid, de la que en 2014 fue elegido presidente, cargo que ocupa en la actualidad.
En la imagen Eduardo de Porres con el decano Gabriel Mª de Diego durante la visita realizada a la sede del ICPM en marzo del pasado año.
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy a Susana Polo García nueva magistrada de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada como consecuencia del nombramiento para otro cargo del magistrado Julián Sánchez Melgar y cuya convocatoria fue anunciada con anterioridad al reingreso de dicho magistrado al Tribunal Supremo. La magistrada Susana Polo quedará adscrita a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca.
La nueva magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo ingresó en la carrera judicial en 1985, siendo sus primeros destinos judiciales los juzgados de distrito de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 20 de Barcelona, 1 de Fuenlabrada (Madrid) y 30 de la capital de España.
Ascendió a magistrada en 1988, trasladándose al juzgado de primera instancia e instrucción 6 de Alicante y posteriormente, en 1990, al juzgado de instrucción 4 de Madrid.
Desde 1997 y hasta el año 2013, Susana Polo desarrolló su labor jurisdiccional en la Audiencia Provincial de Madrid, primero en la Sección Segunda y posteriormente como presidenta de la sección 26 de la mencionada Audiencia.
En abril de 2013 fue nombrada, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, puesto en el que continúa en la actualidad.
Especialista en violencia de género, es desde mayo de 2010 la coordinadora nacional de las actividades de especialización en materia de violencia de género de los jueces/zas y magistrados/as que obtienen destino en juzgados y Salas especializados en la materia.
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Carmen Lamela Díaz nueva magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por el fallecimiento del miembro de la Sala, mientras ejercía como fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín.
La nueva magistrada de la Sala Segunda ingresó en la Carrera Judicial, por oposición, en 1986 y en 1991 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Barcelona y dos años más tarde se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, donde permaneció hasta 1997, fecha en la que obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid.
En 2014 fue destinada en comisión de servicio a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde un año después ocupó el Juzgado Central de Instrucción número 3 tras la declaración en la situación de servicios especiales de su titular. En noviembre de 2017 se le adjudicó en propiedad ese Juzgado.
Carmen Lamela fue durante dos años, entre 2009 y 2011, asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, etapa en la que participó en el desarrollo del expediente judicial electrónico y en la elaboración de distintas leyes, como la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal; o la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia.
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