El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reclamó a las Administraciones en el acto de apertura del Año Judicial presidido por el rey y celebrado en el día de ayer, "un esfuerzo importante para prestar a la Justicia la atención que merece" y acometer una reforma organizativa "de carácter integral".
Durante su intervención, Lesmes señaló que es necesario "invertir con prontitud dinero y talento para implantar un nuevo modelo territorial y organizativo de la Justicia", que debe ser dotada de los medios materiales y personales de que precisa "no como una reivindicación corporativa o interesada de quienes formamos parte de ella, sino como uno de los ejes que han de permitir que nuestro Estado de Derecho quede definitivamente vertebrado".
Lesmes también se referió al "importante problema organizativo", derivado sobre todo de un mapa territorial de la Justicia que es hoy el mismo que se estableció en 1834, y recordó que distintos Gobiernos, de distinto signo político así como el propio CGPJ, coinciden en la necesidad de reformar ese modelo y apostar "por la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales".
Además, reclamó que también se preste atención a factores "como el elemento tecnológico, la mejora del funcionamiento interno de las oficinas judiciales, la modernización de los métodos de trabajo y la definitiva actualización de nuestras normas procesales".
Por su parte, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, presentó los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2018.
En la misma se observa que se ha producido un ligero descenso de apenas un 1 % en la incoación de diligencias previas, lo que supone una estabilización de esta tendencia, en relación con los dos años anteriores. Por el contrario, se ha observado un aumento significativo de casi el 7% en la incoación de las diligencias urgentes, por las que se tramitan los denominados "juicios rápidos".
Entre los temas tratados, la Fiscal General abogó por la tipificación penal de toda forma de proxenetismo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, e intensificar los instrumentos de protección de testigos, particularmente con la reforma del artículo 730 LECrim para contemplar expresamente la posibilidad de eximir a toda víctima especialmente vulnerable de la necesidad de volver a prestar declaraciones que implicarían una victimización secundaria, previo dictamen emitido por el correspondiente especialista.
En cuanto a la delincuencia sexual, que afecta particularmente a las mujeres, los procedimientos iniciados han aumentado hasta casi 19.000 asuntos, es decir, un 23 % más que las cifras recogidas en el año anterior.
Sobre Violencia de Género, en el 2018 se dictaron 41.000 sentencias en esta materia. De ellas, 29.000 fueron condenatorias, de las que 17.000 fueron por conformidad del acusado. Además, se ha producido un incremento del 2 % en el número de medidas cautelares solicitadas (45.045 en el año 2018, frente a las 44.106 del año 2017).
De las 49 mujeres fallecidas, 16 habían denunciado. "Las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscalías desde hace algunos años apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas, lo que debe hacernos reflexionar sobre la suficiencia de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional".
Enlace a la noticia:
