Recibimos información del Sistema de Gestión Gubernativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con la propuesta de protocolo sobre criterios para la implantación y funcionamiento de la aplicación informática de asignación de peritos (DPER) en los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid, para la asignación directa de peritos por parte de cada órgano judicial
Con la elaboración y publicación de este protocolo se pretende la unificación de todos los criterios establecidos a lo largo de estos años en la designación de peritos, criterios sintetizados en la creación de una aplicación informática de asignación de peritos (DPER), para mejor conocimiento de los mismos y la implantación de dicha aplicación informática en todos los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid.
Recibimos copia de la instrucción núm. 2/2020 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 (Violencia sobre la mujer) en relación con las medidas adoptadas para solicitar y examinar unas concretas actuaciones judiciales, recepción de solicitudes a través de llamadas telefónicas, correo electrónico y fax, y prioridad de los asuntos.
En la tarde de ayer tuvo lugar la celebración del solemne acto de jura de nuevos compañeros/as procuradores, que una vez cumplimentados los requisitos de colegiación, se incorporan como ejercientes.
Abrió el acto el secretario Manuel Ortiz de Apodaca, y a continuación los respectivos padrinos presentaron a Adriana Macarena Carrión Amate, Alejandro Domínguez García, Ana María Gallardo Roncero, María del Carmen del Moral Jiménez y Fernando Sánchez-Izquierdo de Pablo, que juraron o prometieron el cargo de procurador/a.
En esta ocasión, la vocal Carmen Giménez Cardona fue la encargada de dirigir unas palabras de bienvenida, destacando los valores de una profesión que desde su propia experiencia "engancha", y animó también a ser participativos en la actividad colegial. Por su parte, el decano Gabriel M.ª de Diego, afirmó que "sois el futuro de la Procura y del Colegio" y "tenéis que apoyaros en vuestros padrinos, en su experiencia y conocimiento", ofreciendo, además, todo el apoyo de la Junta de Gobierno en el inicio del ejercicio profesional.
En la imagen de izda. a dcha. Adriana Macarena Carrión, Alejandro Domínguez, la vocal Carmen Giménez, Mª del Carmen del Moral, el vocal Ignacio Melchor, el decano Gabriel M.ª de Diego, el secretario Manuel Ortiz de Apodaca, Ana Mª Gallardo y Fernando Sánchez-Izquierdo.
Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
- El estudio de viabilidad es un paso previo y obligatorio para poner en marcha este proyecto.
- El objetivo final es concentrar en un espacio judicial único los 356 órganos jurisdiccionales que, en la actualidad, se reparten en 28 edificios de la capital.
- Con este proyecto, también se quiere solventar el déficit de espacios y la antigüedad constructiva de algunos de los edificios.
Según información de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy sacar a concurso público el contrato para la elaboración del estudio de viabilidad económica del nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de la ciudad de Madrid.
El objetivo final es poner en marcha un proyecto con el que el Ejecutivo regional pretende concentrar en un espacio judicial único los 356 órganos jurisdiccionales que, en la actualidad, se encuentran repartidos en 28 edificios diferentes de toda la capital.
Con el futuro proyecto de nueva Ciudad de la Justicia, la Comunidad de Madrid busca dotar al Partido Judicial de la capital de unas infraestructuras modernas y funcionales que estarían ubicadas en el madrileño barrio de Valdebebas, en una parcela anexa al Instituto de Medicina Legal y al Hospital público Enfermera Isabel Zendal, y junto a recinto ferial IFEMA y a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
Fuente: La Moncloa, prensa
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que se completará en el primer semestre de 2021 con la mejora de la eficiencia organizativa y digital.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que el objetivo del Gobierno es abordar la "inaplazable modernización de la administración de justicia", poniendo al ciudadano "en el centro de toda gestión" y facilitándole su acceso a un sistema ágil que permita que el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva "sea cada vez más real".
- Reducción de litigiosidad, optimización de recursos y digitalización.
Campo ha explicado que es fundamental reducir la litigiosidad, que ha aumentado a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 pero que ya era antes muy elevada, con la consiguiente dilatación de los tiempos de resolución: "Solo en el año 2019 entraron en nuestros juzgados y tribunales 6,2 millones de asuntos nuevos, de los que se pudo dar respuesta a 3 millones".
Con este objetivo, uno de los ejes principales de la nueva ley es el refuerzo de los medios adecuados de solución de controversias -como el tercero neutral, la conciliación, el arbitraje o la mediación- que permitan acometer las situaciones de conflicto sin tener que llegar hasta los tribunales de justicia. Su utilización se fomentará a través de incentivos fiscales y en materia de costas, con unidades de asesoramiento a la ciudadanía y con medidas como que el intento de negociación sea categoría de requisito de procedibilidad, de modo que, si no se lleva a cabo previamente, no se dará curso a una demanda en los ámbitos civiles y mercantiles.
Si, gracias a estos mecanismos, se lograra que uno de cada cuatro asuntos no llegara a los tribunales, se descargaría al sistema judicial de más de medio millón de asuntos y se ahorrarían 380 millones de euros "que se podrían recanalizar en otros ámbitos", ha dicho el ministro.
El segundo eje de la ley lo conforman la optimización de los recursos y la agilización de los procesos de forma eficiente, eficaz y con plena seguridad jurídica. Así, se potencian las sentencias orales en todos los órdenes jurisdiccionales y se extiende el uso de mecanismos para la gestión de litigios masivos como el procedimiento testigo y la extensión de efectos en la litigación en masas. También se amplía, en el ámbito civil, el juicio verbal, y se establece un nuevo recurso de casación civil.
La transformación digital, ha señalado el ministro, deberá intensificarse para evitar desplazamientos innecesarios a sedes judiciales, lo que permitirá proteger la salud y ahorrar costes. Para ello, se regulan sistemas de identificación y autentificación, se generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia, y se establece, como novedad, un registro electrónico de apoderamientos apud acta que permitirá su otorgamiento telemático.
- Estrategia Justicia 2030.
Juan Carlos Campo ha afirmado que este proyecto de ley es una más de las iniciativas de mejora que el Gobierno está adoptando como parte de la Estrategia Justicia 2030. Entre ellas, ha repasado los planes de choque para apoyar la gestión en los juzgados de lo social, de lo mercantil y de lo contencioso-administrativo durante la pandemia, la aprobación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID en el ámbito de justicia, o la creación de 33 nuevas unidades judiciales.
Enlace a la noticia y a la intervención del ministro:
