En relación a las limitaciones de acceso para profesionales en las dependencias de las oficinas judiciales, os recordamos el Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJM que publicamos el mismo 21 de julio, por el que se acuerda que las mencionadas limitaciones carecen de amparo normativo o reglamentario.
Este Colegio os ruega que, si tenéis conocimiento de que algún órgano judicial las siguiera aplicando, remitáis dicha incidencia a nuestro Servicio de Incidencias Procesales (SERVIPROC), a la dirección de correo electrónico serviproc@icpm.es, o bien, directamente a través del banner habilitado en el área privada de esta misma página web:
- El TSJM participa que las restricciones de entrada a procuradores y abogados en algunas dependencias de los órganos judiciales y que dificultaban el ejercicio profesional, carecen de amparo normativo o reglamentario:
"Participar, con difusión general, que tales medidas de restricción carecen de amparo normativo o reglamentario. Ni se contemplaba en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ni figura ya tampoco en la Tercera Actualización de la Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional aprobada por Acuerdo de 12 de agosto de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, al haberse suprimido la mención a "profesionales" en el apartado VIII-4."
Fuente: BOE
El BOE publica hoy la Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre, por la que se crea la Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico.
Con fecha de 11 de marzo de 2021 se suscribió el Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía entre el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial; la Fiscalía General del Estado; la Real Academia Española; la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.
La Comisión desempeñará funciones de evaluación de los trabajos realizados por la comisión de seguimiento del protocolo mencionado y, asimismo, podrá llevar a cabo funciones de asesoramiento, para la mejora de la claridad y la modernización del lenguaje jurídico, al Ministerio de Justicia, en el marco de su Proyecto Justicia 2030 y de su producción normativa.
Fuente: BOE
- Entrada en vigor: próximo lunes 26 de septiembre.
El BOE publicó el pasado 6 de septiembre la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
Entrada en vigor: a los veinte días de su publicación en el BOE, con excepción del libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del artículo 689, que entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y la disposición adicional undécima referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid contempla, entre otras obras, el inicio de la Ciudad de la Justicia en este municipio del sur de la región, según detalló ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, destacando en sus palabras que "Móstoles es la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid", así como "en la década de los 60 apenas vivían aquí 3.000 personas. Hoy son casi 210.000, y la cifra crece año tras año".
La Ciudad de la Justicia de Móstoles, cuyas obras empezarán el próximo verano, tiene un presupuesto de más de 40 millones de euros y un periodo de ejecución de cuatro años. Esta infraestructura pública unificará la totalidad de las sedes judiciales gracias a una superficie construida de más de 35.000 metros cuadrados para ubicar a los 24 juzgados existentes, generándose, además, espacio para otros ocho de reserva.
Enlace a la noticia:
- Desde el ICPM, nuestra enhorabuena y apoyo institucional en esta nueva etapa al frente de la Justicia madrileña.
María Jesús del Barco ha sido reelegida en el día de ayer como magistrada juez decana de Madrid, consiguiendo la mayoría de votos. La magistrada es también presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y comenzó como decana de los jueces de Madrid en 2018, siendo la segunda mujer en ocupar el puesto. Sus últimos destinos fueron en el Juzgado de Primera Instancia 4 y en el Juzgado Mixto 5 de Arganda.
(En la imagen, M.ª Jesús del Barco, en una de las visitas realizadas a nuestra sede)
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