09/04/2010
La Comisión de expertos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial entregó, el pasado 7 de abril, al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el estudio de conclusiones y propuestas que servirán de base para la reforma de la demarcación y planta judicial, a fin de adaptarla a la actual realidad demográfica y a la configuración del sistema de Justicia.
El informe, que el ministro Francisco Caamaño elevará al Consejo de Ministros del próximo día 16 y que después será trasladado para su análisis y debate a todos los sectores implicados, aborda asuntos como la extensión de la organización colegiada y propone la sustitución progresiva de los juzgados tradicionales por tribunales servidos por varios jueces, lo que permitiría la concentración de los recursos, la racionalización del trabajo y la colegiación de la decisión en asuntos de especial trascendencia.
En este sentido, los expertos señalan la posible superación del partido judicial y la creación de tribunales de base o de primer grado. Asimismo, la Comisión propone la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización, y sugiere la potenciación de las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de Justicia, reservándose al Supremo a tareas de estricta unificación de doctrina.
El informe, que el ministro Francisco Caamaño elevará al Consejo de Ministros del próximo día 16 y que después será trasladado para su análisis y debate a todos los sectores implicados, aborda asuntos como la extensión de la organización colegiada y propone la sustitución progresiva de los juzgados tradicionales por tribunales servidos por varios jueces, lo que permitiría la concentración de los recursos, la racionalización del trabajo y la colegiación de la decisión en asuntos de especial trascendencia.
En este sentido, los expertos señalan la posible superación del partido judicial y la creación de tribunales de base o de primer grado. Asimismo, la Comisión propone la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización, y sugiere la potenciación de las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de Justicia, reservándose al Supremo a tareas de estricta unificación de doctrina.
