13/07/2022
Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
- Los ocupados podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, al ser considerados como tales.
- En la actualidad, en la región hay unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio 112 Ocupación que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, explicó ayer el funcionamiento de esta plataforma de asistencia e información, y señaló que "dentro de esta Estrategia contamos con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas. Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores".
Así queda establecida una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión
residencial.
- En la actualidad, en la región hay unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio 112 Ocupación que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, explicó ayer el funcionamiento de esta plataforma de asistencia e información, y señaló que "dentro de esta Estrategia contamos con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas. Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores".
Así queda establecida una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión
residencial.
