El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han mostrado ayer su acuerdo respecto de la necesidad de prorrogar en su práctica totalidad el plan de especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas teniendo en cuenta las concretas necesidades de cada territorio y de cada órgano judicial, así como la evolución del volumen de entrada y resolución de asuntos.
Por primera vez, se dará por finalizada la especialización en las provincias de ÁVILA, SORIA, SEGOVIA, LUGO, OURENSE, HUESCA, TERUEL y LA RIOJA debido a la escasa pendencia de asuntos y a la mínima entrada de nuevas demandas que se ha producido durante el tercer trimestre del año. Tampoco se prorrogará el plan de especialización en ZARAGOZA pues, a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los asuntos pendientes podrán ser resueltos manteniendo las medidas de apoyo vigentes y los de nuevo ingreso podrán ser asumidos por la totalidad de los juzgados de primera instancia de la provincia.
En las provincias de ALBACETE, GUADALAJARA, CUENCA, TOLEDO y GIRONA, el plan de especialización se prorrogará durante seis meses (del 1 de enero al 30 de junio de 2021) de modo que los órganos judiciales afectados conocerán de este tipo de asuntos de manera exclusiva pero no excluyente, según determine en cada caso la respectiva Sala de Gobierno del TSJ. Semestral será también la renovación del plan de especialización en las provincias de CASTELLÓN y CANTABRIA, aunque en ambos casos los juzgados afectados conocerán de este tipo de asuntos de forma exclusiva y excluyente.
LA COMUNIDAD DE MADRID, por su parte, informó de la participación de Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, que transmitió el compromiso del Gobierno regional con la mejora del servicio público en el ámbito de la Justicia, tal y como viene realizando hasta ahora, a través del refuerzo de personal y apoyo material. Además, el consejero planteó la necesidad de implantar un plan de trabajo por objetivos, es decir, un sistema de medición de las cargas de trabajo que permita verificar el cumplimiento de los objetivos por parte de los magistrados adscritos a esta medida de refuerzo.
La Comunidad, a través del Juzgado de Primera Instancia 101 bis, que tramita los litigios sobre cláusulas suelo, aporta 6 gestores, 25 tramitadores y 6 auxilios.