16/07/2015
El Ministerio de Justicia ha dado un primer paso para alcanzar su objetivo de eliminar el papel de los Juzgados a 1 de enero de 2016. Ha publicado las bases que permitirán conectar los distintos sistemas de gestión procesal existentes, ha informado el departamento dirigido por el ministro Rafael Catalá en una nota de prensa.
En concreto, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Española (CTEAJE) ha publicado las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad que permitirá conectar los distintos sistemas de gestión procesal existentes, lo que facilitará el intercambio de información entre ellos con el fin de agilizar los procesos judiciales y evitar dilaciones excesivas.
El texto de las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad se encuentra disponible en el Portal de la Administración de Justicia y constituye el primer paso en la regulación normativa que se necesita para alcanzar la interoperabilidad entre los distintos sistemas.
Esta actuación se enmarca en el Plan para la aceleración de la Justicia en entornos digitales y supone un hito en el proceso de digitalización de la Justicia que da cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
En concreto, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Española (CTEAJE) ha publicado las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad que permitirá conectar los distintos sistemas de gestión procesal existentes, lo que facilitará el intercambio de información entre ellos con el fin de agilizar los procesos judiciales y evitar dilaciones excesivas.
El texto de las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad se encuentra disponible en el Portal de la Administración de Justicia y constituye el primer paso en la regulación normativa que se necesita para alcanzar la interoperabilidad entre los distintos sistemas.
Esta actuación se enmarca en el Plan para la aceleración de la Justicia en entornos digitales y supone un hito en el proceso de digitalización de la Justicia que da cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
