03/06/2015
Fuente: EL PAÍS / ABC
El PP introdujo ayer una enmienda no prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en el Congreso para que no se permita la toma de imágenes a detenidos. La norma pasó el trámite de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, irá luego al pleno y más tarde al Senado, para entrar en vigor a finales de año.
Entre las más de treinta enmiendas aceptadas, la reforma incorpora una transaccional de CiU pactada con el PP sobre la detención y la prisión provisional para eliminar las "penas de telediario". "Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales, al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en traslados ulteriores", recoge el articulado aprobado.
Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal sustituye el término "imputado" por el de "investigado", lo que para la oposición es sólo un cambio terminológico sin efecto alguno.
Otra de las novedades introducidas tiene que ver con la prórroga de los plazos de instrucción que la reforma concedía en exclusiva al Ministerio Fiscal y que ahora también podrán solicitar todas las partes personadas -acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado-. Ahora bien, no ha habido cambios en relación con la fijación de límites temporales en la instrucción judicial de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, pese a las críticas mayoritarias de la oposición.
"La lectura simplista de que la justicia es lenta porque no existen plazos es ridícula y muy ofensiva hacia jueces y tribunales", dijo Soraya Rodríguez (PSOE), que advirtió que los plazos generarán "impunidad e inseguridad jurídica". Sin embargo, a juicio de José Gonzalo Ordóñez (PP) los plazos "pondrán coto a la estigmatización" que sufren los acusados por años de dilación judicial.
Entre las más de treinta enmiendas aceptadas, la reforma incorpora una transaccional de CiU pactada con el PP sobre la detención y la prisión provisional para eliminar las "penas de telediario". "Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales, al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en traslados ulteriores", recoge el articulado aprobado.
Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal sustituye el término "imputado" por el de "investigado", lo que para la oposición es sólo un cambio terminológico sin efecto alguno.
Otra de las novedades introducidas tiene que ver con la prórroga de los plazos de instrucción que la reforma concedía en exclusiva al Ministerio Fiscal y que ahora también podrán solicitar todas las partes personadas -acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado-. Ahora bien, no ha habido cambios en relación con la fijación de límites temporales en la instrucción judicial de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, pese a las críticas mayoritarias de la oposición.
"La lectura simplista de que la justicia es lenta porque no existen plazos es ridícula y muy ofensiva hacia jueces y tribunales", dijo Soraya Rodríguez (PSOE), que advirtió que los plazos generarán "impunidad e inseguridad jurídica". Sin embargo, a juicio de José Gonzalo Ordóñez (PP) los plazos "pondrán coto a la estigmatización" que sufren los acusados por años de dilación judicial.
