Como continuación a la circular nº 60/13, de 3 de mayo, en la que se comunicaba la aprobación por parte del Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a continuación se ofrece el enlace de la página web del Ministerio de Justicia, donde aparece publicado dicho texto, así como nota de prensa.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288779823964/Detalle.html
Han sido muchos meses de intenso trabajo, y porque no decirlo, de muchas dificultades, pero todo ello ha merecido la pena al quedar reflejadas en dicha reforma las nuevas competencias que van a ser otorgadas a los Procuradores, esperando que durante el trámite parlamentario se mejore el texto de dicho Anteproyecto.
No podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento al Ministerio de Justicia, ya que sin su apoyo incondicional nuestros objetivos no se habrían cumplido.
Los Procuradores españoles asumirán a partir de ahora nuevas competencias profesionales, con funciones similares a las que desarrollan sus colegas en el ámbito europeo, concretando algunas que, de forma demasiado genérica, ya venían contempladas en la Ley, especialmente en lo que se refiere a su intervención en los actos de ejecución. Así se desprende de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aprobada hoy, día 3 de mayo, por el Consejo de Ministros.
Igualmente, y para asegurar la eficacia de la intervención de los Procuradores en sus nuevas funciones, en la medida en que, más allá de su condición de representantes de las partes, participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley les confiere la condición de agentes de la autoridad lo cual no quiere decir que lo sean en cada momento del proceso; pero, sí cuando expresamente sean comisionados para la realización de tales actos, siempre bajo las directrices del Secretario Judicial y sometidos a control del Tribunal.
La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia persigue mejorar las opciones de los litigantes, potenciando la labor de los Procuradores de los Tribunales mediante el desarrollo de sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, con el fin de agilizar los trámites procesales y de dotar de mayor eficacia al procedimiento.
Con la presente ley se amplían las atribuciones y obligaciones de los Procuradores de los Tribunales a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y otros de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, descansando en la voluntad de la parte a la que representan, y manteniendo el régimen vigente en cuanto a la ausencia de repercusión en costas.
SIN INCREMENTO DE COSTES
Esto producirá una significativa mejora de las opciones con que cuentan los ciudadanos cuando han de acudir ante los Tribunales, que ayudará a agilizar los trámites procesales y sin que ello implique incremento alguno de los costes del proceso ya que será el ciudadano el que, en cada caso, decida libremente acogerse o no al nuevo sistema diseñado o seguir funcionando conforme al régimen vigente. Así, se parte de la dualidad actual del sistema en cuanto a las posibilidades de realización de los actos de comunicación que, siempre bajo la dirección del Secretario judicial, pueden llevarse a efecto tanto por los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia como por el Procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.
Como novedad la Ley introduce la necesidad de que los ciudadanos, cuando acudan ante los Tribunales elijan el sistema que prefieren y expresen su voluntad manifestando si prefieren que estas actuaciones las realicen los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su Procurador. En el caso en que los ciudadanos no formulen su elección la Ley entiende que se practicarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. También se prevé que la parte pueda cambiar de criterio durante la tramitación de un procedimiento, siempre que alegue justa causa para ello.
Tras el Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 26 de abril, en la página Web de La Moncloa apareció la siguiente información: "En el primer semestre de 2013 se aprobará el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que elimina obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales. El Anteproyecto de Ley establece un marco general regulador del acceso y ejercicio de las actividades profesionales.
Por un lado, se establecen las condiciones comunes u horizontales a respetar por toda la regulación que incida en el acceso o ejercicio de las distintas profesiones. Por otro lado, las restricciones basadas en una cualificación profesional para el acceso a una actividad sólo podrán exigirse por ley, siempre y cuando sea necesario por motivos de interés general, lo que limitará las reservas de actividad. La Ley incorpora la normativa sobre Colegios Profesionales, que se modifica para reforzar el modelo de coexistencia de colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria, y clarificar sus normas de funcionamiento, adaptándolas a la realidad actual.
Lógicamente y siguiendo los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el acceso a una actividad profesional habilitará para su ejercicio en todo el territorio español, sin que puedan exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se hubiera accedido a la profesión. La Administración deberá elaborar y mantener accesible telemáticamente una lista con todas las profesiones reguladas en el país, los requisitos de acceso, el coste de colegiación en su caso, etcétera".
Los exmiembros de la Junta de Gobierno del Colegio, Francisco Alvarez del Valle (Secretario), Melquiades Alvarez-Buylla (Vocal) y Francisco de las Alas-Pumariño (Vocal) han sido distinguidos con la Medalla de Plata del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort, por Orden Ministerial de 6 de diciembre del pasado año.
Todos ellos formaron parte de la Junta de Gobierno del Colegio, conocida como "Junta de Edad", constituida en 1999 y que asumió la responsabilidad de gestionarlo y convocar las elecciones en el mismo, tras la dimisión presentada por todos los miembros de la Junta de Gobierno el día 2 de febrero, hasta la toma de posesión de la nueva, surgida de las elecciones celebradas el 6 de mayo del mismo año.
Además de su eficaz labor en la Junta, los galardonados han destacado por una larga y ejemplar trayectoria profesional que ha sido considerada por el Ministerio de Justicia a efectos de otorgarles ésta importante y bien merecida distinción.
Los temas de Justicia Gratuita despiertan un gran interés entre los colegiados y son objeto de particular atención por los responsables de la Junta de Gobierno, de cara a ofrecer no sólo el soporte normativo que nos afecta, sino las novedades que se puedan producir en relación a este medular servicio social que ofrecen los Colegios de Procuradores.
Por tal motivo la Comisión de Formación ha convocado un Curso en el que se tratarán "Los aspectos procesales prácticos en asuntos de Justicia Gratuita y Turno de oficio" y "Las Designaciones y tratamiento con los Órganos Judiciales, Letrados y Justiciables". En el mismo participaran como ponentes Marta Martínez Tripiana, Presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita, y Lourdes Cano Ochoa, Vocal de la misma Comisión.
-Fecha: viernes, 17 de mayo
-Horario: 13,00 a 14,30
-Lugar: Sala de Actos (Planta sótano del ICPM) C/ Bárbara de Braganza, 6
-Aforo: 20/30 personas - Inscripción previa.
-Precio: 10 Euros (I.V.A. incluido). Por trasferencia bancaria: C/C. Banco Popular 0075/0322/81/0600304863 (Necesario aportar justificante para inscripción)
Para cualquier aclaración: Tfno. 913081323; Fax 913084415; E-mail: dpto.secretaria@icpm.es
