Un año después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reunió este pasado viernes a representantes de los principales operadores jurídicos para analizar sus efectos reales sobre el funcionamiento de la Justicia.
La apertura institucional corrió a cargo del decano del ICAM, Eugenio Ribón, que defendió el valor de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como instrumentos útiles para favorecer acuerdos y reducir litigiosidad, pero advirtió sobre su imposición como requisito previo obligatorio para acudir a los tribunales, y los efectos contrarios a los perseguidos que están generando. Alertó, asimismo, del impacto inmediato que la aplicación de la norma está teniendo sobre la actividad profesional de la abogacía: más trabajo previo a la demanda, mayores exigencias documentales, dudas interpretativas, riesgo de inadmisión y más tiempo invertido sin una reducción equivalente de la litigiosidad.
El decano puso el foco en tres ámbitos especialmente sensibles: los procedimientos de familia con menores, los litigios internacionales y transfronterizos y el impacto sobre pequeños despachos y profesionales del Turno de Oficio.
A continuación, el Foro de debate se inició con un panel de representantes de la magistratura, la procura, los letrados de la Administración de Justicia y la abogacía: Mª Consolación González, magistrada y presidenta de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid; M.ª del Carmen Giménez Cardona, decana del ICPM; Adrián Gómez Linacero, presidente autonómico de Madrid de la Asociación PROLAJ; y Amparo Quintana García, copresidenta de la Sección MASC del ICAM.
La decana de la Procura madrileña, M.ª del Carmen Giménez Cardona, advirtió de que la implantación de los MASC como requisito de procedibilidad está provocando una ralentización en la presentación de asuntos y generando nuevas incertidumbres procesales. A su juicio, la ley viene a dar carta de naturaleza a una práctica habitual en la abogacía -la negociación previa antes de presentar demanda-, pero lamentó que no se haya acompañado de la suficiente claridad ni de criterios homogéneos, lo que está derivando en inadmisiones, recursos y nuevas cargas procesales.
Además, puso el acento en la dificultad práctica de conciliar la exigencia del intento de acuerdo previo con la actual situación de saturación de la Justicia, especialmente en procedimientos de familia donde el factor tiempo resulta determinante.
La decana recordó también que la negociación previa entre profesionales ya era una práctica habitual en este tipo de asuntos, pero advirtió de que la suma de los plazos derivados del intento de acuerdo y de la posterior tramitación judicial puede dilatar en exceso la obtención de una respuesta efectiva para las familias.
Otro de los aspectos que centró el debate fue el nuevo régimen de costas introducido por la reforma, una cuestión que varios ponentes señalaron como uno de los elementos más controvertidos de la ley. Giménez Cardona cuestionó que el nuevo sistema opere como un verdadero incentivo y lo definió más bien como un mecanismo de presión para forzar la participación en estos procedimientos.
En el tramo final del foro, los ponentes coincidieron en la necesidad de seguir ajustando el modelo para compatibilizar el impulso de los MASC con el derecho de acceso a la jurisdicción y con la realidad práctica de la Administración de Justicia. Así, Giménez Cardona apeló a la unidad de todos los operadores jurídicos para contribuir a que la Justicia funcione de forma más eficaz y pueda ofrecer una respuesta ágil al ciudadano, lamentando que la Justicia no reciba siempre la atención política e institucional que requiere.
