Ayer, 29 de abril, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, colocó la primera piedra de los cinco grandes edificios que formarán parte del Campus de la Justicia. Se trata de los edificios del Juzgado de Menores, la Central de Producción de Energía, la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.
El Campus de la Justicia de Madrid es un proyecto del Gobierno regional para la unificación de las sedes judiciales actualmente dispersas en Madrid capital. Este proyecto, en el que participan con sus vanguardistas diseños los arquitectos nacionales e internacionales más prestigiosos del momento, se convertirá con sus 500.000 metros cuadrados en el complejo judicial más grande del mundo. Igualmente, la Comunidad de Madrid concibe esta gran infraestructura como servicio público, donde el ciudadano pueda convertirse en una pieza más dentro del engranaje judicial.
Al acto, al que asistieron prácticamente todas las autoridades representativas de los órganos jurisdiccionales de la capital, acudieron, en representación de los procuradores Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo General, Antonio Alvarez-Buylla, Decano del Colegio de Madrid y Mercedes Ruiz-Gopegui, Vicedecana.
Madrid es la Comunidad Autónoma que más asuntos ingresa por cada mil habitantes, situándose en el pasado año en una cifra de 217. Este incremento, casi generalizado, ha supuesto que en el 2007 hubiese 300.000 causas más que el año anterior en todo el territorio nacional, elevando la cantidad de casos pendientes de resolver en todos los órdenes jurisdiccionales a 2,4 millones, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial.
Según la citada fuente, el pasado año comenzó con más de 2,3 millones de asuntos pendientes, a los que hay que añadir los 8,3 millones de entradas registradas por los juzgados y tribunales. A lo largo del año, los más de cuatro mil jueces, lograron resolver 8,2 millones de asuntos (el 98,9%), comenzando 2008 con 2,4 millones de casos pendientes de resolución judicial.
Según los expertos, este grado de pendencia demuestra la urgente necesidad de afrontar de una manera urgente las reformas legales pendientes, así como las procesales y las que se refieren a la modernización y automatización de la oficina judicial.
El Consejo General de Procuradores celebró en Burgos los pasados días 25, 26 y 27 de abril, las V Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de Colegios de Procuradores, que este año trataron como tema general "La Profesión en la Legislatura 2008-2012".
Las Jornadas, contaron con la coordinación general de Antonio Álvarez-Buylla Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, tratándose entre otros temas importantes, la incompatibilidad de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y, el Procurador de los Tribunales español ante el reto tecnológico, como conferencias marco a las que se unieron la celebración de dos Mesas Redondas en las que se trataron todos los temas de interés y actualidad relacionadas con las reformas legislativas, las experiencias y expansión de Lexnet o el Reglamento de acceso a la profesión.
A dichas Jornadas asistieron unos 250 miembros de Juntas de Gobierno pertenecientes a casi todos los 67 Colegios existentes en la geografía nacional, y fueron inauguradas entre otras autoridades por el Presidente de la Junta de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio y Enrique López, Vocal-Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, además del Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez y el Decano del Colegio de Burgos, Fernando Santamaría.
A continuación ofrecemos las conclusiones de las Jornadas:
1. Que se aborde con urgencia la reforma y modernización de la Administración de Justicia desde la perspectiva de un Pacto de Estado sin exclusiones.
2. Necesaria participación y colaboración de los Procuradores y sus órganos de gobierno en el proceso de reforma y modernización de la Administración de Justicia.
3. Participación de Procuradores, Abogados, Secretarios Judiciales y Ministerio Fiscal en la nueva Composición del Consejo General de Poder Judicial.
4. La necesaria reforma de la Administración de Justicia debe abordarse mediante la profunda modificación de las leyes procesales para su adaptación a la modificación operada mediante Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la LOPJ, dotándola, desde su inicio, de medios personales y materiales suficientes en orden a una total eficacia y agilidad de nuestra Administración de Justicia.
5. Un proceso sin dilaciones indebidas y con mayores garantías en orden a una tutela judicial plena pasa por una eficaz reforma de la leyes procesales, potenciando necesariamente las funciones del Procurador en su condición de colaborador de la Administración de Justicia, tanto en materia de actos de comunicación, como de ejecución en todos los ordenes jurisdiccionales, otorgando a los referidos actos eficacia plena, salvo prueba en contrario.
6. En orden a la eficacia y agilidad del proceso judicial, resulta imprescindible la total implantación en nuestra Administración de Justicia de los sistemas de notificaciones y presentación de escritos y documentos por vía telemática, así como la consolidación del expediente electrónico en la nueva oficina judicial.
7. Desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a la profesión de Abogado y Procurador con la necesaria participación de los Procuradores, así como la creación de una Escuela Nacional de carácter presencial en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de las que los Consejos Autonómicos puedan llegar a crear.
8. Aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal adaptándola a la realidad social del siglo XXI.
9. Aprobación de una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria en cumplimiento del mandato legislativo, con la preceptiva intervención del Procurador en los distintos procedimientos.
10. Necesaria adaptación de los distintos estatutos corporativos a las nuevas reformas procesales, Ley de Acceso a la profesión, Ley de Sociedades Profesionales y Ley de Protección de Datos de carácter personal.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, nombró el pasado día 23 a cuatro nuevos Magistrados para el Tribunal Supremo, dos para la Sala de lo Contencioso Administrativo, Joaquín Huelín Martínez de Velasco y Pilar Teso Gamella, y dos para la Sala de lo Militar, Francisco Menchén Herreros y Fernando Pignatelli Meca, respectivamente.
En la misma sesión, el Pleno del CGPJ nombró además tres Presidentes de Audiencias Provinciales, cinco Inspectores y cinco Letrados.
Después de la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género, presidido por Alfredo Prada, Consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la CAM, éste pidió al Ministro, Mariano Fernández Bermejo, la creación de Juzgados de Violencia de Género en cada Partido Judicial de la Comunidad, cifrados en un total de 21.
Del mismo modo, en dicha reunión se acordó solicitar al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Igualdad, que promuevan para que Jueces y Magistrados utilicen los medios electrónicos y telemáticos que la Ley tiene previstos de cara a garantizar la seguridad de las víctimas con órdenes de alejamiento.
